Por omisión en el cumplimiento de sus deberes jurídicos como la falta de verificación en materia de protección civil a la Guardería ABC y a la bodega contigua del gobierno estatal, el informe preliminar de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone señalar como autoridades involucradas en la violación grave a los derechos humanos de los menores fallecidos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, al ex director del IMSS y actual Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, al que fuera Gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, al expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou y a 13 funcionarios o ex funcionarios más de los tres niveles de gobierno. En el texto del documento que servirá de base para elaborar un proyecto de resolución por parte del Pleno del Máximo Tribunal, se advierte que no existe ninguna evidencia de que las autoridades del IMSS hayan realizado una certificación del inmueble en el que funcionaba la estancia siniestrada, por lo que jamás se constató si era un establecimiento seguro para los menores. El magistrado Carlos Ronzon Sevilla explicó que dicha omisión se puede hacer extensiva a las autoridades estatales y municipales que no realizaron ninguna inspección a la bodega del gobierno estatal, además de no equiparla con extintores y detectores de humo como marca la norma oficial de prevención de incendios. El informe advierte que dichas “conductas de omisión” se convirtieron en una “suma de factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente” que posteriormente “desencadenaron el incendio y sus trágicas consecuencias”, provocando 49 niños fallecidos y 75 menores lesionados. No obstante, el mismo informe descarta cualquier posibilidad de que la conflagración haya sido provocada como pensaban los familiares de las víctimas, comprobándose la hipótesis de que la tragedia ocurrida el 5 de junio del 2009 se derivó de un corto circuito en el aire acondicionado de la bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora. Además, de Molinar Horcasitas, Bours Castelo y Gándara Camou, los demás funcionarios señalados como presuntos responsables de violar los derechos humanos de los menores son el actual Director Jurídico del IMSS, Fernando Gutiérrez Domínguez, el que fuera Director de Prestaciones Económicas y Sociales de ese organismo; Jesús Ignacio Navarro Zermeño; la Coordinadora de Guarderías del IMMS que era decoradora de interiores, Dora García Kobeh; el exdelegado regional del organismo, Arturo Leyva Lizárraga; el jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Emigdio Martínez García; la ex Titular del Departamento de Guarderías, Noemí López Sánchez, y las Coordinadoras Zonales de dichas estancias, Thelma Salado Islas, Yadira Barreras, Delia Irene Botello Amante e Irma C. Díaz Gómez. Por parte del Gobierno Sonora se menciona al ex gobernador, Eduardo Bours, Castelo, el Secretario de Hacienda. Miguel Eugenio Lohr Martínez; y el coordinador Ejecutivo de la Comisión de Bienes y Concesiones del gobierno del Estado, Eliseo Morales Rodríguez, y el titular de protección civil estatal, Wilebaldo Alatriste Candiani. Por parte de Hermosillo, encabeza la lista Ernesto Gándara Camou, seguido por sus directores de Obras Públicas, Javier Hernández Armenta; de Inspección y Vigilancia Municipal, Alejandro Sugich Prandin, y el director de la Unidad de Protección Civil Municipal, Roberto Copado Gutiérrez. El informe preliminar de los magistrados Carlos Ronzon Sevilla y Rosario Mota Cienfuegos fue turnado al ministro José Fernando Franco González Salas para que elabore el proyecto de resolución correspondiente que será votado en el Pleno del Máximo Tribunal y así determinar finalmente las autoridades involucradas en estos hechos.