Miércoles, 8 de febrero de 2012 / 11:09

Podrían inhabilitar a partes del pacto
Asegura el PRD que una vez concluida la investigación del IFE, respecto al pacto entre el PRI y PAN, esa podría ser la sanción
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Fecha: miércoles 10 de marzo de 2010
Fuente: Juan Rivas Ramí­rez
Asegura el PRD que una vez concluida la investigación del IFE, respecto al pacto entre el PRI y PAN, para frenar las alianzas electorales, las sanciones podrían concluir en con la inhabilitación o incluso la destitución del propio secretario de gobernación, el gobernador del Estado de México, y el secretario de Gobierno de esta administración, así lo consideró Rafael Hernández, representante del partido del sol azteca ante el IFE, quien agregó que mantendrán la presión que la indagatoria prospere El perredista explicó a través de un comunicado, que el caso será turnado a la comisión de quejas del IFE (integrada por tres consejeros), para desahogar e integrar el proyecto de dictamen, y emplazar a los denunciados para que –en un periodo definido-respondan a las acusaciones que se les imputan. Posteriormente –dijo- el expediente es enviado al consejo general del IFE, quien da la resolución definitiva. Dijo que el IFE puede señalar responsables, y una vez que haga esto, las sanciones que correspondan, como amonestación pública y, en el caso de sanciones graves, dar vista al superior jerárquico para que aplique el castigo. Comentó que “el IFE, en muchas ocasiones, se ha negado a aplicar directamente sanciones a los funcionarios públicos, por lo que -en la mayoría de los procesos- ha turnado la responsabilidad a los superiores jerárquicos que, en el caso del secretario Gómez Mont, pueden ser el presidente Felipe Calderón o la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (si se hubiesen usado recursos públicos indebidamente), para determinar la inhabilitación o la destitución en el cargo. Así lo mencionó luego de una reunión privada, en la sede del PRD, con Jesús Ortega, Rafael Hernández reveló que este tipo de violaciones a la ley fueron tipificadas, después de las quejas que se presentaron en la elección federal de 2009, cuando autoridades de los tres niveles de gobierno, fueron acusadas de intervenir en los procesos electorales más que por actos de campaña, o por asuntos de publicidad en radio y televisión.
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