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Al sostener que la promoción de los Derechos Humanos debe ser una tarea permanente y, de no tener duda en que es necesario el cambio de estrategia para combatir a la delincuencia y al narcotráfico, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, reveló que cada seis meses a 10 mil inmigrantes indocumentados se les violan sus garantías individuales.

Luego de que la semana pasada, el presidente, Felipe Calderón Hinojosa, señalo que “las cantaletas ya empiezan a cansar”, en sentido de que a los presuntos delincuentes se les violan sus derechos humanos, Plascencia Villanueva, señaló que en la observancia de los derechos humanos “debemos sumar esfuerzos, independientemente que estemos de acuerdo o no con ellos”.

“Es muy importante difundir la cultura de la legalidad y el compromiso que tenemos todos, servidores públicos y sociedad en general de observar la ley, pero también cumplir con los deberes que nos atañen a todos y cada uno. Por eso este convenio que suscribimos, lo que busca es eso, fortalecer la cultura de los derechos humanos para que como servidores públicos nos comprometamos, pero también como miembros de la sociedad. Y es muy claro que todos estamos comprometidos a observar la ley, a observar los derechos humanos y debemos sumar esfuerzos, independientemente que estemos de acuerdo o no con ellos por la observancia de los mismos. Esperemos que pueda haber un mayor compromiso de parte de todas las instancias del gobierno de los tres ámbitos y también de la sociedad en general por el respeto y la observancia de los derechos humanos”.

Ante la pregunta de si es necesario ya un cambio de estrategia en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, Raúl Plascencia Villanueva, dijo que no tiene duda de ello.

“Sin duda he. Estoy a favor porque las autoridades vinculadas con la seguridad pública cumplan con la debida diligencia, con el deber que les corresponde de prevenir los delitos, de investigar los que se producen, de detener a los responsables y por supuesto recobrar el nivel de seguridad pública para la sociedad en general”.

Entrevistado luego de firmar un convenio de capacitación entre el IFE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el ombudsman nacional, reveló que de 500 mil indocumentados que ingresan al país anualmente, en 10 mil casos se les violan sus garantías individuales semestralmente.

“Estamos ante un fenómeno que abarca cerca de 500 mil migrantes que se internan al país de manera indocumentada, los cuales, cuales a propósito de los informes que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha publicado nos alude a por lo menos 10 mil que semestralmente son objeto de secuestro por parte de delincuentes para ser extorsionados o, en su caso también para sufrir consecuencias como las que lamentablemente, pues, se dieron en Tamaulipas hace unos días”.

Señaló que en la medida en que se capacite a los elementos policiacos para combatir a la delincuencia organizada y al narcotráfico, se podrá dar respuesta a la demanda de algunos sectores de la sociedad, en el sentido de que el ejército regrese a sus cuarteles.

Reconoció que en los últimos años, las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos se han incrementado.

“Se ha incrementado en los últimos cuatro años de manera importante las quejas en materia de violación a los derechos humanos con actos vinculados con la seguridad pública, con los militares en particular y las policías y la Procuraduría también. Estamos en buena medida porque se establezca una policía debidamente capacitada que pueda hacerse cargo de esta función y que este trabajo de apoyo que está llevando a cabo el ejército este muy de la mano con la capacitación de instituciones policiales que pronto puedan hacerse cargo de ese tipo de problema”.

Por lo pronto, agregó, el involucramiento del ejército en el combate al narcotráfico, ha puesto en riesgo las garantías de muchas personas.

“Dijéramos que su involucramiento en tareas que le corresponden a los policías sin tener la capacitación suficiente ha ido colocando en riesgo, en vulnerabilidad los derechos de muchas personas y por ello el incremento de quejas, por eso precisamente, estamos proponiendo un proyecto muy intenso de capacitación para que en ese tipo de actividades que buscan beneficiar a la sociedad se lleven a cabo respetando los derechos humanos de todos los mexicanos”.

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