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A unos días de que la empresa Compañía Mexicana de Aviación solicitara a tribunales federales ser declarada en concurso mercantil, equivalente a una quiebra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó el análisis de un amparo promovido por el sindicato de sobrecargos para que no se les reduzcan sus prestaciones laborales de manera unilateral.

El recurso legal fue interpuesto desde el 2007 por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) luego de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje autorizara a la empresa dicha reducción tras una petición que presentó Mexicana de Aviación utilizando una figura jurídica conocida como Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica contemplada en el artículo 900 de la Ley Federal de Trabajo.

Sin embargo, el proyecto presentado por el ministro José Ramón Cossio señala que las prestaciones de los trabajadores son progresivas y no regresivas, por lo que se propone otorgar el amparo solicitado por los sobrecargos.

En el proyecto también se señala que las reducciones de prestaciones en caso de aplicarse tienen que estar plenamente justificadas por los peritajes que realice la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El caso llevaba más de dos años de espera, ya que en abril del 2008 ejerció su facultad de atracción sobre este asunto y en dos ocasiones fue retirado de su discusión en el Pleno, debido a la falta de consensos entre los ministros.

Durante el debate, el ministro Arturo Zaldívar preguntó si este tipo de conflictos de carácter económico que atraviesan las empresas están vinculados solamente con los sindicatos, o si se debe analizar la situación a la luz de la empresa total.

De igual forma cuestionó si el objetivo de una reducción de prestaciones sirve para mejorar la situación económica de una compañía o solo para mejorar su situación de manera temporal.

Por su parte, el ministro Salvador Aguirre Anguiano cuestionó la utilidad de revisar este amparo, por considerar que Mexicana de Aviación “es un enfermo en estado terminal”, además de advertir que ni la Constitución ni la Ley Federal del Trabajo auspician un Estado benefactor que se haga responsable de la suerte y destino de todos los mexicanos.

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