Luego de que la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para informar sobre las acciones que lleva a cabo el estado mexicano para dar cumplimiento a la sentencia emitida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso del “campo algodonero”. En donde destacó que respecto al pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas aún está en proceso; David Peña, representante legal de los familiares de Esmeralda Herrera Monrreal, una de las víctimas; dijo que la familia confía en que con la llegada del nuevo Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, pueda destrabarse ese proceso toda vez que cuando estaba Fernando Gómez Mont al frente de la dependencia, no hubo algún ofrecimiento por parte del gobierno federal. A decir del abogado Peña, aunque Fernando Gómez Mont dio la indicación de que no existiera alguna traba burocrática para realizar el trámite, el anterior Oficial Mayor, Manuel Rodríguez Arregui, argumentó en su momento que esa responsabilidad es del gobierno del estado de Chihuahua. Para negar la indemnización correspondiente a la reparación del daño a familiares de las víctimas tal y como lo dicta la sentencia, el oficial mayor dijo que éste no estaba considerado en su presupuesto además de la SEGOB no respondería a la sentencia. Además de lo anterior, recordó que la dependencia ha reconocido ante el propio Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez y por lo tanto no tienen la obligación de pagar a pesar de que el propio gobierno de Chihuahua ha manifestado su disposición para cumplir específicamente con el resolutivo. En ese sentido, insistió en que pedirán una audiencia con Francisco Blake Mora con el fin de revisar punto por punto que se dé cumplimiento cabal a la sentencia por ejemplo en el tema de la investigación ya que de eso el gobierno federal no habla. El plazo para que el gobierno federal entregue las indemnizaciones, el monumento a las víctimas y la disculpa pública además de arrancar la operación del banco nacional de datos de niñas y mujeres desaparecidas, es el próximo 10 de diciembre. Finalmente, llaman al Presidente de la República, Felipe Calderón así como al actual gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza para que asuman el cumplimiento de la sentencia y no poner obstáculos en términos administrativos o financieros y comprometerse públicamente