Expresa la CIDH preocupación por muerte de 44 reclusos del penal de Apodaca
En un comunicado oficial fechado en Washington, la CIDH reitera al gobierno mexicano, que los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, "deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los reclusos".
Fecha: miércoles 22 de febrero de 2012
Fuente: Rocío Méndez Robles
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la muerte violenta de 44 reclusos del Centro Penal de Apodaca, estado de Nuevo León, e insta al Estado mexicano a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares, y para investigar y sancionar a los responsables.
En un comunicado oficial fechado en Washington, la CIDH reitera al gobierno mexicano, que los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, "deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los reclusos".
Asimismo, la CIDH insite a la administración de Felipe Calderón Hinojosa que los paises que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), "tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles y no pueden de ninguna manera renunciar a este deber inherente". El debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, agrega la CIDH.
Con base en información oficial, destaca la CIDH, el 20 de febrero de 2012 fueron asesinados 44 internos del Penal de Apodaca con armas punzo cortantes y otros objetos contundentes en una riña; en forma simultánea, otros 30 reclusos se fugaron del mismo penal. La información recibida por la CIDH indica que las personas fallecidas estaban recluidas en el ambulatorio y fueron atacados por internos de otro pabellón.
En un comunicado oficial, la CIDH confirma que también fue informada sobre una riña registrada el 4 de enero de 2012, en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira de Tamaulipas, cuando más de 30 internos fueron asesinados y otros 13 resultaron heridos con armas blancas. El conflicto se habría iniciado cuando internos del módulo 11 irrumpieron en el módulo 12 del centro penitenciario.
Finalmente, la CIDH aclara que los Estados "tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia". Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad, insiste la CIDH como "un órgano principal y autónomo" de la Organización de los Estados Americanos.
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