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Funcionarios de la SEGOB, Presidentes Municipales, miembros de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil, se comprometieron a integrarse a la Red Nacional de Municipios por la Seguridad y la Convivencia Ciudadana con el fin combatir la violencia y criminalidad en entidades.

Así lo informó la dependencia al señalar que los participantes de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, coincidieron en que el objetivo es alcanzar ciudades libres de violencia, tomando en cuenta que ésta y la criminalidad forman parte de los principales males que enfrenta la gobernabilidad democrática.

En el marco del Segundo Foro Regional "Comunidades Seguras", los asistentes reconocieron que la violencia y la operación de bandas organizadas generan en la población sentimientos de miedo e incertidumbre y que urge revertir la reacción ciudadana de inmovilidad.

Comentaron que las experiencias internacionales muestran que combatir la criminalidad implica trabajar, coordinada e integralmente, en reformas sociales y cambios en el sistema de procuración de justicia que permitan revertir, desde sus raíces, las inequidades sociales y vivir la cultura ciudadana y de la legalidad.

Por ello, los más de 300 participantes se comprometieron a establecer acciones, programas y proyectos que busquen modificar las condiciones sociales de sus comunidades y generen oportunidades de desarrollo para la población.

Además de establecer vínculos y canales de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que permitan mejorar las políticas públicas y los programas de prevención y participación ciudadana, a fin de incorporar las mejores prácticas en las administraciones municipales.

Mediante un documento que fue presentado por el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls Esponda, los alcaldes de la zona sureste del país sostuvieron que generar oportunidades educativas, económicas y laborales, así como invertir en educación, cultura y deporte, contribuirá al fortalecimiento de la cohesión y convivencia social, y mitigará los factores de riesgo asociados a la violencia.

Apuntaron que la confluencia de voluntades públicas, privadas y sociales es un componente que debe estar incluido en la elaboración de los nuevos modelos para atender, prevenir y erradicar la violencia y la criminalidad.

Acordaron formular proyectos y diseños urbanos orientados a mejorar las comunidades mediante la modificación del entorno, la remoción, renovación y reinvención del espacio público y privado; así como revertir el proceso de fragmentación de las ciudades a partir de políticas que consoliden la estructura urbana hacia un modelo de fortalecimiento de la cohesión y convivencia social.

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