La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que dos defensoras de las garantías individuales en Tijuana, Baja California han recibido amenazas de muerte por denunciar presuntos abusos cometidos por efectivos el Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico. A través de un comunicado, la CNDH señaló que ante esta situación ya solicitó al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, la aplicación de medidas cautelares para evitar que las defensoras de derechos humanos, Silvia Vázquez Camacho y Blanca Margarita Mesina Nevárez, sufran alguna acción que atente contra su seguridad personal. Las activistas por las garantías individuales son integrantes de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En la relatoría de los hechos, el organismo encabezado por Raúl Plascencia Villanueva informó que Vázquez Camacho comenzó a recibir amenazas de muerte desde el pasado 2 de febrero a través de llamadas telefónicas realizadas al domicilio de sus padres. Posteriormente, el pasado 17 de febrero se registró un intento de incendiar la camioneta de su hermano, ambas acciones derivadas del trabajo que desarrolla para denunciar y documentar los casos de tortura y tratos crueles e inhumanos perpetrados por militares y otras corporaciones policiacas que participan en los operativos contra el crimen organizado. La Comisión Nacional señala que Mesina Nevárez, quien representa a 25 policías que fueron detenidos y presuntamente torturados por militares durante marzo y mayo del 2009, recibió el pasado 28 de febrero tres llamadas telefónicas en su celular para exigirle mediante amenazas que abandone la defensa de los afectados. La CNDH agrega que en ambos casos, las activistas por los derechos humanos han sido amenazadas e intimidadas por formular denuncias contra efectivos del Ejército, así como por acompañar a las víctimas y a sus familiares ante las instancias legales en busca de justicia. El organismo advierte que con la aplicación de las medidas cautelares se pretende garantizar la seguridad e integridad física de las dos defensoras de derechos humanos y evitar la consumación de hechos de difícil o imposible reparación. Esta denuncia se da conocer un día después de que la propia Secretaría de la Defensa Nacional reconociera que en el actual sexenio se han presentado ante la CNDH 3 mil 430 quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos, aunque sólo en 51 casos se emitieron recomendaciones para sancionar a los presuntos responsables.