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La Suprema Corte de Justicia de la Nación canceló la resolución de un juez federal que ordenaba al Gobierno del Distrito Federal devolver el predio conocido como “El Encino” a la empresa Promotora Internacional Santa Fe. 

Por siete votos a favor y cuatro en contra, los ministros del Máximo Tribunal determinaron que el juzgador se extralimitó en sus funciones al ordenar la devolución del predio cuando existen varios incidentes de inejecución de sentencia pendientes de resolverse.

De esta manera quedó sin efecto la sentencia dictada en el 2008 por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Álvaro Tovilla León, en la cual se ordenaba al gobierno capitalino devolver dicho predio que fue expropiado desde el año 2000 por la entonces Jefa de Gobierno, Rosario Robles.

Sin embargo, los ministros de la Suprema Corte no le dieron la razón a los recursos de queja presentados por el gobierno de Marcelo Ebrard, sino que acordaron la elaboración de un nuevo proyecto de resolución.

Así, el ministro Luis María Aguilar Morales será el responsable de elaborar un nuevo proyecto para determinar si existen o no las condiciones para que el predio de “El Encino” sea devuelto por la administración local, ya que previamente el Juez Álvaro Tovilla había declarado inconstitucional el decreto de expropiación.

En caso de que sea materialmente imposible el cumplimiento de sentencia, los ministros pueden proponer que se pague el costo del terreno a precio comercial, previo avalúo, como cumplimiento sustituto de sentencia.

El Ministro Presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, explicó que al existir en este caso varios incidentes de inejecución de sentencia, el Máximo Tribunal del país es el único órgano jurisdiccional facultado para resolver.

Durante el debate, el ministro Aguilar Morales propuso dejar sin efecto la devolución del predio, por considerar que regresar este terreno afectaría a la sociedad, ya que se construyeron obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica en la fracción expropiada.

Sin embargo, los ministros consideraron improcedente los recursos de queja presentados por el gobierno local, debido a que estaba mal fundamentado.

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