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Las instituciones estamos obligadas a realizar un trabajo coordinado, congruente y coherente, encaminado a generar un sistema de derechos que se traduzca en la derrota de la transgresión y el cumplimiento de la legalidad en materia de trata de personas.

Así lo dice la Comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo quien señalo que el combate al delito de trata de personas es un tema de atención transversal que involucra a los tres niveles de gobierno y que requiere de la participación de la sociedad civil.

Para la funcionaria de la Segob, es necesario implementar disposiciones legales que permitan la creación de un modelo de atención integral para los extranjeros víctimas de este delito, que garantice su libre acceso a la justicia, independientemente de su situación migratoria.

Por tanto, Romero Castillo detallo que la Institución a su cargo ya trabaja en  tres esferas de competencia permitidas por sus atribuciones, tales como la prevención del delito, la asistencia migratoria y, en su caso, la coadyuvancia para que se lleven a cabo los procedimientos legales tendientes a la identificación y, de ser requerido, el castigo de quienes incurren en dicho crimen.

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